El Ministerio Público del Trabajo de Brasil entabló una acción judicial contra la marca china BYD, por obligar a varios trabajadores a laborar en condiciones indignas, «similares a la esclavitud moderna», según describieron los acusadores, como también por participar en la trata internacional de personas. La demanda, interpuesta también contra dos contratistas, JinJiang y Tecmonta, exige el pago de 50 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios y una indemnización individual para los 220 trabajadores afectados.
La demanda se deriva de una investigación iniciada a finales del año pasado, cuando el Ministerio Público (MPT) del estado brasileño de Bahía detuvo las obras de construcción de la nueva fábrica de BYD en Camaçari tras rescatar a 220 ciudadanos chinos que colaboraban en la construcción de la planta.
Las autoridades afirman que las personas estaban sometidas a condiciones de vida y trabajo atroces, en «un panorama alarmante de precariedad y degradación», donde dormían en dormitorios abarrotados con literas sin colchones y solo un baño por cada 31 trabajadores; lo que los obligaba a despertarse a las 4:00 a. m. todos los días para prepararse para sus turnos de las 5:30 a.m..
«Todos los alojamientos presentaban graves problemas de infraestructura e higiene», escribió el MPT en diciembre. «Los baños, además de ser insuficientes, no estaban separados por genero, no contaban con asientos adecuados y presentaban malas condiciones de higiene. La falta de un lugar adecuado para lavar la ropa obligaba a los trabajadores a utilizar los propios baños para este fin».
Además, el MPT escribió en su demanda que, debido a las condiciones a las que BYD y los dos subcontratistas sometían a los trabajadores, estos corrían un mayor riesgo de accidentes debido a la negligencia en las normas de salud y seguridad ocupacional en la planta. En el informe del MPT se registraron varios accidentes laborales, incluyendo uno en el que un trabajador sufrió debido a la falta de sueño causada por las inadecuadas condiciones de vivienda y las largas jornadas laborales, así como otro que no recibió la atención médica adecuada tras una lesión ocular.
La fiscalía también afirmó que los trabajadores de BYD fueron llevados a Brasil para construir la fábrica sin las visas correspondientes, que sus empleadores se apropiaron de hasta el 70% de sus salarios y los sometieron a cuantiosas sanciones económicas para rescindir sus contratos. A muchos también les retiraron sus pasaportes y trabajaron bajo contratos con cláusulas ilegales, jornadas laborales agotadoras y sin descanso semanal.
BYD se ha pronunciado al respecto y contestó al medio Quatro Rodas “que reafirma su compromiso innegociable con los derechos humanos y laborales, basando sus actividades en el respeto a la legislación brasileña… Hemos estado colaborando con el Ministerio Público del Trabajo desde el primer momento, y lo seguiremos haciendo“.
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