Accidente por presuntuoso 9

El SOAT está en cuidados intensivos

El SOAT está en cuidados intensivos

El SOAT está en cuidados intensivos. La alta accidentalidad y el fraude al SOAT han generado una crisis en este seguro que por décadas ha salvado vidas. Desde hace más de cinco años, el gremio asegurador ha advertido al Estado sobre los efectos adversos de estas problemáticas.

El SOAT está en cuidados intensivos

El parque automotor colombiano hoy registra 17.6 millones de vehículos, de los cuales 10.5 millones son motocicletas que, aunque hoy son el principal medio de transporte de los colombianos, es el que mayor cantidad de víctimas registra, especialmente en personas menores de 30 años que en plena etapa productiva quedan seriamente lesionadas, inválidas o en el peor de los casos fallecen en las vías. De cada 100 pesos de prima que se recibe por el SOAT de una moto se pagan $174 en siniestros.

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Además, las compañías de seguros detectaron cobros irregulares al seguro por cerca de $456.000 millones que se denunciaron ante las autoridades competentes.

Por todo lo anterior, este seguro está en cuidados intensivos y requiere acciones urgentes por parte del gobierno, el sector privado y los actores viales. La situación es insostenible, y cerca de 900 mil víctimas de accidentes de tránsito al año perderían el seguro que les garantiza los recursos para una atención médica inmediata.

“Este modelo de aseguramiento permitió superar, para los heridos en accidentes de tránsito, el inhumano paseo de la muerte, y cada vez más se parece a un paciente en estado terminal del cual nadie se quiere hacer cargo. El Soat, el seguro que salva vidas, está en cuidados intensivos”, expresó Miguel Gómez, presidente de Fasecolda.

Al SOAT lo aquejan todo tipo de males:

EVASION: De los 17.6 millones de vehículos que circulan en el país solo 9.3 billones cuentan con un soat vigente, es decir 47% evade el cumplimiento de la obligación de contar con el seguro. El 61% de las motocicletas no adquieren este seguro.

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ACCIDENTALIDAD: En Colombia circulan 10.5 millones de motos y en el 87% de los accidentes de tránsito con lesionados, hay una motocicleta involucrada. Los estudios confirman que los principales afectados son hombres menores de 30 años, con falta de experiencia y pericia en la conducción de estos vehículos, a lo cual se suman los nulos elementos de seguridad activa y pasiva y la deficiente infraestructura vial.

FRAUDE: Algunos prestadores de servicios de salud han descubierto que el SOAT es una mina de dinero e inflan las atenciones de los heridos hasta los topes permitidos por las coberturas. Un accidente menor termina por consumir los niveles garantizados haciendo inviable el modelo financiero. También están todos aquellos que, teniendo accidentes no relacionados con la movilidad, mienten para obtener la atención médica que el seguro de tránsito ofrece. Asi mismo, los cobros duplicados a las aseguradoras. Cuando una IPS reclama los gastos médicos a dos aseguradoras distintas por la misma víctima de accidente de tránsito o, por ejemplo, cuando dos IPS reclaman a compañías distintas por la atención de un mismo paciente que se accidenta en municipios diferentes el mismo día.

TARIFA INSUFICIENTE: Pocos saben que la tarifa del SOAT está subsidiada para las motos. Los motociclistas pagan por el seguro 3,7 veces menos de lo que corresponde según su accidentalidad. En cambio, los vehículos familiares pagan un seguro 9,5 veces más costoso para cubrir ese subsidio.

REGLAMENTACIÓN DESACTUALIZADA: La crisis del SOAT exige acciones coordinadas de las entidades responsables de los temas de salud y movilidad:  Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Superintendencia Financiera, Superintendencia Nacional de Salud, Agencia Nacional de Seguridad Vial, secretarías de movilidad. Debe sumarse la industria privada de fabricantes, ensambladores e importadores de automotores, a quienes compete la seguridad de los vehículos que comercializan en el mercado. Según Fasecolda, la falta de acción coordinada entre todos estos actores está llevando a la quiebra un instrumento de aseguramiento que ha salvado cientos de miles de vidas en Colombia.

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MOTOS SIN EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD: La mayor parte de las motocicletas que se venden en Colombia, no podrían comercializarse en otros países por no reunir los requisitos mínimos de seguridad, por ejemplo, sistemas de frenado ABS.

Desde 2013 el número de motocicletas superó al de los demás vehículos en el país, esta tendencia se ha incrementado y en el 2022, se espera que el país rompa el récord y venda más de un millón de motos adicionales.

Un estudio reciente de Cesvi Colombia que incluyó una muestra de más de 600 mil motocicletas vendidas en Colombia, de las cuales el 97% corresponde a motos entre 0 y 250 c.c demostró que:

Solo el 6% de las líneas comercializadas entre los 0 y los 125cc cuentan con luz de freno y direccionales LED; el 1% cuenta con sistema de freno combinado CBS, el 23% tiene luz de circulación diurna LED y el 76% cuenta con freno de disco delantero.

Ninguna de las 82 líneas analizadas cuenta con el equipamiento requerido para cumplir la línea base de seguridad de los estándares internacionales. En este sentido Colombia no ha tenido una regulación definida para prevenir y disminuir accidentes en la vía.

A diciembre de 2021, el ramo del SOAT registró pérdidas por $192 mil millones y en el primer semestre del 2022, ya presentaba un déficit de $138 mil millones.

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El SOAT además de asumir los siniestros, destina un porcentaje de la prima para contribuciones y transferencias para entidades del Estado. De cada $100 que paga el ciudadano por su póliza, $54.3 son para pagar siniestros y la operación del seguro y $45.7 para contribuciones y transferencias.

En $8 billones se vería afectado el presupuesto nacional si el SOAT desaparece y queda en manos del gobierno toda la financiación de la atención de las víctimas de accidentes de tránsito.

Para 2022 las estimaciones de Fasecolda determinan una cifra récord en la historia: Este año serán 940 mil heridos y más 7.600 fallecidos: un drama nacional ignorado que no recibe suficiente atención del Estado. Este es un grave problema de salud pública, la segunda causa de muerte violenta en Colombia.

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